La jerarquía de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, que encabezan en México el nuncio Tarcisio Bertone y el cardenal Norberto Rivera Carrera, en combinación con sus brazos políticos emplazados en los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) han desplegado una intensa campaña para imponer sus particulares fanatismos a un segmento de la sociedad civil a propósito de la nueva ley en el Distrito Federal que amplía el contrato matrimonial a las parejas del mismo sexo y consolida la posibilidad de adoptar hijos.
Del PAN y del purpurado católico no son extraños este tipo de ataques. Del PRI, en cambio, no deja de sorprender
que se sume a este linchamiento civil, sobre todo porque se dice heredero del movimiento revolucionario que pretendía reivindicar los derechos de los mexicanos en un Estado laico y, además, porque en sus filas militan destacados homosexuales y lesbianas que no se preocupan por ocultar sus preferencias sexuales, como la propia presidenta tricolor, Beatriz Paredes.
La nueva ley aprobada por mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el producto de más de 30 años de activismo de la comunidad lésbico-gay-transexual-transgénero-intersexual (LGTTI). Esta aspiración fue recogida por diputados defeños del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hecha realidad el día de hoy. Hasta el momento no sé si lo hicieron por convicción o por oportunismo político, ya que representa un buen número de votos no sólo en la ciudad de México, sino en todo el país.
El ataque del PAN y de la Iglesia católica romana en México a este sector de la sociedad, logró algo que parecía imposible: que las diferentes agrupaciones, colectivos, asociaciones y clubes que existen en la actualidad en la capital del país
(algunos de alcance nacional) dejaran de lado -de momento- sus agudas diferencias, protagonismos, vedetismos y demás ismos, y se reunieron el día 19 pasado en uno de los salones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para unificar criterios y defender lo logrado hasta hoy.
Como simpatizante y coadyuvante que soy de estas luchas en pro de los derechos civiles y humanos, estuve presente en esa asamblea, acompañado de otro gran luchador e incluso protagonista en los trabajos por avanzar esta ley, el colega Ramsés Ancira. Él tuvo relación con los proyectos iniciales de esta legislación (y la del derecho al aborto) desde su posición en el desaparecido Partido Socialdemócrata (PSD).
El entusiasmo y los argumentos de los integrantes de la comunidad LGTTI son encomiables. Sin duda, se ha ganado el derecho a ser reconocida por nuestro Estado laico. Los homosexuales ya no quieren seguir siendo “invisibles”, discriminados, encerrados en los clósets. Sin embargo, desde mi punto de vista, todavía es una fuerza social ingenua, políticamente hablando. Aún no tiene idea hasta dónde puede llegar la perversidad que distingue a las élites partidistas.
Debido a su falta de unión y coordinación, la comunidad LGTTI es un objetivo fácil de golpear o de utilizar con fines electoreros. Así la ven todos los partidos del espectro actual. Tampoco le permite afinar la mira para responder ataques como el que sufre ahora. Confían demasiado en una presunta sensatez de la amorfa y acrítica “opinión pública”.
A lo anterior se debe que algunos integrantes de la comunidad, de manera individual, presentaran demandas ante el Ministerio Público contra algunos personajes, como el locutor de Televisa, Esteban Arce, y Rivera Carrera y su amanuense Hugo Valdemar Romero. Por falta de asesoría, se lanzaron contra los mensajeros, cuando en realidad habrían tenido que convocar a todas las agrupaciones LGTTI y algunos otros grupos civiles de izquierda o progresistas, para presentar las demandas contra las instituciones a las cuales sirven aquellos sujetos.
Se debió haber demandado a la Arquidiócesis Primada de México, como célula, enclave o representación del Estado Vaticano, puesto que uno de sus voceros y representantes, Norberto Rivera, cuya conducta debe tener el aval de Tarcisio Bertone (embajador del Papa en el país), violó la Constitución Política y las leyes del ramo que de ella emanan al criticar y exigir a las autoridades laicas que actúen de acuerdo con sus creencias y fanatismos. Tampoco puede pedirle a sus “ovejas” que sigan determinadas actitudes políticas y cívicas, puesto que su campo de acción está perfectamente delimitado por las leyes mexicanas.
Por su parte, el locutor Esteban Arce podría alegar su derecho a la libertad de expresión y, en este caso, hasta yo lo apoyaría si actuara a título personal; pero da la casualidad que es sólo un peón. Que se exhibió tal cual es o incluso afloraron sus traumas, muy su problema.
A quien debió demandarse es a Televisa, porque utiliza un bien de la nación (el espacio aéreo y las redes de microondas), que si bien lo tiene concesionado, no es dueña absoluta. Tiene regulaciones. En sus diferentes transmisiones no debe difundir ni incitar actitudes que fomenten campañas de odio hacia ningún sector de la población. Este delito sería suficiente para cancelarle la concesión, por lo menos de ese canal.
Además no sólo Televisa agrede a la comunidad LGTTI, las otras empresas del ramo también lo hacen cuando caricaturizan con el fin de ridiculizar a los homosexuales en sus programas supuestamente cómicos o de entretenimiento.
Esperar que la Secretaría de Gobernación, mediante la subsecretaría de asuntos religiosos, y la de Comunicaciones y Transportes hagan valer las leyes respectivas, es demasiada ingenuidad. Es por ello que la comunidad LGTTI debe dejar de lado sus protagonismos tontos y presentar un frente común para defender sus logros, que no son sólo suyos, sino de todo el pueblo mexicano. Buscar una buena asesoría en asuntos constitucionales no estaría demás. Yo sugiero al doctor Jorge Carpizo.
Otra sugerencia es que empiecen a trabajar para conformar una Asociación Política Nacional, que a largo plazo siente las bases para construir un partido político, desde cuya plataforma puedan defenderse y presentar sus proyectos. Yo sí votaría por un Partido de los Derechos Civiles y Humanos.
Del PAN y del purpurado católico no son extraños este tipo de ataques. Del PRI, en cambio, no deja de sorprender
que se sume a este linchamiento civil, sobre todo porque se dice heredero del movimiento revolucionario que pretendía reivindicar los derechos de los mexicanos en un Estado laico y, además, porque en sus filas militan destacados homosexuales y lesbianas que no se preocupan por ocultar sus preferencias sexuales, como la propia presidenta tricolor, Beatriz Paredes.La nueva ley aprobada por mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el producto de más de 30 años de activismo de la comunidad lésbico-gay-transexual-transgénero-intersexual (LGTTI). Esta aspiración fue recogida por diputados defeños del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hecha realidad el día de hoy. Hasta el momento no sé si lo hicieron por convicción o por oportunismo político, ya que representa un buen número de votos no sólo en la ciudad de México, sino en todo el país.
El ataque del PAN y de la Iglesia católica romana en México a este sector de la sociedad, logró algo que parecía imposible: que las diferentes agrupaciones, colectivos, asociaciones y clubes que existen en la actualidad en la capital del país
(algunos de alcance nacional) dejaran de lado -de momento- sus agudas diferencias, protagonismos, vedetismos y demás ismos, y se reunieron el día 19 pasado en uno de los salones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para unificar criterios y defender lo logrado hasta hoy.Como simpatizante y coadyuvante que soy de estas luchas en pro de los derechos civiles y humanos, estuve presente en esa asamblea, acompañado de otro gran luchador e incluso protagonista en los trabajos por avanzar esta ley, el colega Ramsés Ancira. Él tuvo relación con los proyectos iniciales de esta legislación (y la del derecho al aborto) desde su posición en el desaparecido Partido Socialdemócrata (PSD).
El entusiasmo y los argumentos de los integrantes de la comunidad LGTTI son encomiables. Sin duda, se ha ganado el derecho a ser reconocida por nuestro Estado laico. Los homosexuales ya no quieren seguir siendo “invisibles”, discriminados, encerrados en los clósets. Sin embargo, desde mi punto de vista, todavía es una fuerza social ingenua, políticamente hablando. Aún no tiene idea hasta dónde puede llegar la perversidad que distingue a las élites partidistas.
Debido a su falta de unión y coordinación, la comunidad LGTTI es un objetivo fácil de golpear o de utilizar con fines electoreros. Así la ven todos los partidos del espectro actual. Tampoco le permite afinar la mira para responder ataques como el que sufre ahora. Confían demasiado en una presunta sensatez de la amorfa y acrítica “opinión pública”.
A lo anterior se debe que algunos integrantes de la comunidad, de manera individual, presentaran demandas ante el Ministerio Público contra algunos personajes, como el locutor de Televisa, Esteban Arce, y Rivera Carrera y su amanuense Hugo Valdemar Romero. Por falta de asesoría, se lanzaron contra los mensajeros, cuando en realidad habrían tenido que convocar a todas las agrupaciones LGTTI y algunos otros grupos civiles de izquierda o progresistas, para presentar las demandas contra las instituciones a las cuales sirven aquellos sujetos.
Se debió haber demandado a la Arquidiócesis Primada de México, como célula, enclave o representación del Estado Vaticano, puesto que uno de sus voceros y representantes, Norberto Rivera, cuya conducta debe tener el aval de Tarcisio Bertone (embajador del Papa en el país), violó la Constitución Política y las leyes del ramo que de ella emanan al criticar y exigir a las autoridades laicas que actúen de acuerdo con sus creencias y fanatismos. Tampoco puede pedirle a sus “ovejas” que sigan determinadas actitudes políticas y cívicas, puesto que su campo de acción está perfectamente delimitado por las leyes mexicanas.
Por su parte, el locutor Esteban Arce podría alegar su derecho a la libertad de expresión y, en este caso, hasta yo lo apoyaría si actuara a título personal; pero da la casualidad que es sólo un peón. Que se exhibió tal cual es o incluso afloraron sus traumas, muy su problema.
A quien debió demandarse es a Televisa, porque utiliza un bien de la nación (el espacio aéreo y las redes de microondas), que si bien lo tiene concesionado, no es dueña absoluta. Tiene regulaciones. En sus diferentes transmisiones no debe difundir ni incitar actitudes que fomenten campañas de odio hacia ningún sector de la población. Este delito sería suficiente para cancelarle la concesión, por lo menos de ese canal.
Además no sólo Televisa agrede a la comunidad LGTTI, las otras empresas del ramo también lo hacen cuando caricaturizan con el fin de ridiculizar a los homosexuales en sus programas supuestamente cómicos o de entretenimiento.
Esperar que la Secretaría de Gobernación, mediante la subsecretaría de asuntos religiosos, y la de Comunicaciones y Transportes hagan valer las leyes respectivas, es demasiada ingenuidad. Es por ello que la comunidad LGTTI debe dejar de lado sus protagonismos tontos y presentar un frente común para defender sus logros, que no son sólo suyos, sino de todo el pueblo mexicano. Buscar una buena asesoría en asuntos constitucionales no estaría demás. Yo sugiero al doctor Jorge Carpizo.
Otra sugerencia es que empiecen a trabajar para conformar una Asociación Política Nacional, que a largo plazo siente las bases para construir un partido político, desde cuya plataforma puedan defenderse y presentar sus proyectos. Yo sí votaría por un Partido de los Derechos Civiles y Humanos.
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